A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Esta mañana, una niña perdió a su padre camino a la escuela. Bernardo Soriano Castro, ex subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue ejecutado a balazos en el municipio de La Paz, frente a su hija menor de edad. La menor resultó ilesa.
Lo que le ocurrió a Bernardo Soriano no puede entenderse sin lo que lo precedió. En las últimas semanas, Soriano denunció públicamente la existencia de cobro de piso, extorsiones y omisiones graves al interior de la Procuraduría. Fue removido de su cargo. Cuando volvió a alzar la voz, fue despedido por “pérdida de confianza”.
El 19 de febrero, sus declaraciones fueron descalificadas públicamente y se le retó a presentar pruebas. Seis días después, fue asesinado. Ya no podrá presentar esas pruebas.
Más allá de las responsabilidades penales que deberán investigarse, lo que este hecho representa para la sociedad sudcaliforniana es profundamente grave. Si quien tenía información privilegiada sobre el crimen organizado fue ejecutado sin que nadie lo protegiera, el mensaje para cualquier ciudadano que quiera denunciar es devastador. Para el comerciante que sufre extorsión. Para la madre que quiere reportar inseguridad en su colonia. Para cualquier persona que confía en que sus instituciones funcionan.
Baja California Sur está perdiendo su tranquilidad. En lo que va de 2026 se han registrado al menos 8 homicidios dolosos. La semana pasada se localizaron 3 cuerpos en las inmediaciones de La Paz. Y ahora, un exsubprocurador es ejecutado en plena zona urbana de la capital.
Ante estos hechos, el Partido Acción Nacional en Baja California Sur, a través de su Comité Directivo Estatal, sus legisladores y sus representantes populares, hace un llamado firme a las autoridades del estado:
Primero. Que la investigación de este asesinato cuente con la participación de la Fiscalía General de la República. La Procuraduría estatal fue directamente señalada por Soriano; permitir que conduzca sola esta investigación comprometería su imparcialidad.
Segundo. Que el procurador general de justicia comparezca ante el Congreso del Estado para dar respuesta a los señalamientos que formuló Bernardo Soriano. Esas denuncias deben ser atendidas por las instituciones, no archivadas con su muerte.
Tercero. Que se brinde protección inmediata a la familia de Soriano y a toda persona que pueda tener información relacionada con sus denuncias.
Cuarto. Que el gobierno del estado reconozca con seriedad la situación de seguridad que vive la entidad y actúe en consecuencia, con la responsabilidad que las familias sudcalifornianas merecen.
Hace una semana, el PAN advirtió públicamente que ante denuncias de esta magnitud, el silencio institucional no era opción. Hoy reiteramos ese llamado con mayor urgencia.
Este posicionamiento no es partidista. Es un reclamo de las familias sudcalifornianas que quieren vivir en paz. De los comerciantes que quieren trabajar sin miedo. De los padres y madres que quieren llevar a sus hijos a la escuela con la certeza de que van a regresar a casa. De una sociedad que exige que sus instituciones funcionen.
El Partido Acción Nacional se pone del lado de la ciudadanía. Estaremos vigilantes, exigiremos resultados y no permitiremos que este caso se archive, se olvide o se minimice. Baja California Sur merece verdad, justicia y seguridad.
Atentamente,
Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California Sur
Legisladores, representantes populares e integrantes del Partido Acción Nacional en el estado
